Las purgas policiales de las últimas décadas, con oficiales exonerados por algún tipo de complicidad con la dictadura militar o casos de corrupción en democracia, generaron distintos nichos de inserción para estos ex uniformados en los últimos años. Uno de ellos son las agencias de seguridad privada y otro, al menos en el caso de Hurlingham, parecería ser el Centro de Operaciones Municipal.
En otras palabras, estos resquicios emergentes albergaron a algunos de los policías apartados décadas atrás, que mantienen su injerencia a través de su vínculo con los intendentes.
La semana pasada, diferentes organismos de Derechos Humanos de Hurlingham, junto al periodista Jorge Pagés (Diario El Espejo) realizaron una presentación judicial que trae nuevos problemas para el jefe comunal, Luis Acuña.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la ONG Kichari Huasi y el Foro de Género de Hurlingham, junto al periodista, solicitaron a la justicia Federal que sea investigada la "posible comisión del delito de violación a los deberes de funcionarios públicos, falsedad ideológica de instrumentos públicos, obligación de denunciar, y/o ilícitos penales".
La formulación apunta, con nombre y apellido, a la figura del Intendente como también a Gustavo Triemstra, a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio, Jorge Zapata, que controla la Dirección de Seguridad, y pone bajo la lupa a Alberto Contreras, jefe de Operaciones de Seguridad Urbana.
"Las conductas a investigar corresponden a funcionarios públicos que estando en conocimiento de información pública (personal policial exonerado) contrataron al ex oficial ayudante de la Policía Bonaerense, Gustavo Alberto Contreras, como jefe de Operaciones de Seguridad Urbana, posibilitando que este último obtuviera en forma irregular la tenencia de un arma de guerra en clara violación a la normativa que regula la obtención de CLU (credencial de legítimo usuario) y portar ilegalmente armas, para cumplir funciones en la Policía Municipal", explica.
Contreras, en su época de policía bonaerense, fue dado de baja por la Gobernación provincial en 1995, quedando inhabilitado para portar armas. Pero una vez reciclado por Acuña para integrar la fuerza de proximidad, los denunciantes aportan evidencia -que adjuntan en el documento presentado ante el Poder Judicial- donde sostienen que el exonerado sí porta un arma ilegalmente, con un permiso que habría obtenido de manera fraudulenta.
"De este modo, se torna inexplicable cómo el señor Intendente municipal de Hurlingham contrata personal policial exonerado de una fuerza policial, posibilitando que el ex policía invocando que presta funciones en la Policía Municipal de Hurlingham, le mienta al RENAR respecto a su condición de policía exonerado, obteniendo la credencial de legítimo usuario, portando ilegalmente armas en un cuerpo policial municipal", advierte el escrito.
Tras esta presentación, Patricio B. Evers, Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 12 de la Capital Federal, que lleva adelante la causa 8084/15 del registro de la Secretaría Nro. 3, caratulada caratulados "ACUÑA LUIS EMILIO Y OTROS S/INCUMPLIMIENTO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL.", dio lugar a la denuncia y solicitó que se inicie el proceso y se impulse la acción penal correspondiente".
Según consta en el expediente judicial, de la documentación aportada por el Registro Nacional de Armas no surge si efectivamente se otorgó la portación de armas a Contreras o si por el contrario, el funcionario exonerado de la bonaerense la portaba sin siquiera tener permiso legal para hacerlo.
Entre las primeras medidas solicitadas por el fiscal, le pide al organismo que regula la tenencia y portación de armas que aclare estas circunstancias al tiempo que solicita al juez, que "se tenga por formulado el presente requerimiento de instrucción y por impulsada la pertinente acción penal".
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